La inmunidad diplomática se refiere a los beneficios de inmunidad o inviolabilidad que goza un diplomático sobre su persona y el país en donde reside y se desempeña oficialmente, la exención de impuestos y de la jurisdicción civil y criminal respecto con los tribunales locales.^[1]​^[2]​ Según el diccionario panhispánico del español jurídico, esta no es concedida en el beneficio de la persona, sino en el del correcto ejercicio de sus funciones.^[3]​^[4]​^[5]​

Estos beneficios fueron convenidos históricamente en reconocimiento a que el diplomático representa a una soberanía diferente y que el ejercicio legítimo de sus funciones no le será innecesariamente impedido.^[3]​^[6]​

La inmunidad diplomática está regulada por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.^[3]​^[7]​

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, regula igualmente estos derechos al Cónsul y a cualquier funcionario consular reconocido oficialmente como tal.^[8]​^[9]​

También se refiere al derecho que tienen los agentes diplomáticos y sus familias a no ser llamados a juicio,^[1]​ toda vez que ningún tribunal de algún país determinado puede declararse competente para conocer de acciones intentadas en contra de un agente diplomático extranjero, un soberano extranjero o un Estado extranjero.^[4]​^[8]​Solo el gobierno del país representado por dicho diplomático puede renunciar a la inmunidad de este.^[2]​^[10]​